Rafael Berruezo: "Alberto Rodríguez Saá se autoincriminó y será denunciado penalmente por la compra del colectivo"

El cerco judicial se cierra sobre la figura del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Lo que pretendía ser una jugada para acaparar la atención mediática y mostrarse como el "salvador" en el juicio que enfrenta su exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, terminó siendo un búmeran judicial sin precedentes. Así lo confirmó el Fiscal de Estado, Rafael Berruezo, en un mano a mano imperdible con Alberto Trombetta en San Luis en Línea. Berruezo fue tajante respecto a las consecuencias de la declaración del exmandatario. Al afirmar bajo juramento "Yo di la orden y conocí perfectamente todo" respecto a la escandalosa compra de un colectivo para el San Luis Fútbol Club, Rodríguez Saá no hizo más que firmar su propia imputación. Sobreprecios y un colectivo "destruido" El Fiscal de Estado detalló los pormenores de una operación plagada de irregularidades que hoy avergüenza a la provincia. Según el testimonio de la martillera Marina Risotto, el vehículo en cuestión estaba en un estado deplorable: "Ni siquiera podía circular, arrancaba, hacía un metro y se fundía". "En el mejor de los casos, el colectivo podría haber costado 114 millones de pesos, no los 290 millones que se pagaron", explicó Berruezo. Sin embargo, la gravedad del asunto escala cuando se analizan los documentos firmados por el propio Alberto Rodríguez Saá y sus ministros. El decreto autorizaba el subsidio no para "un" colectivo genérico, sino para "ese" colectivo específico, detallando marca y número de dominio. "Rodríguez Saá sabía que su colectivo estaba destruido y que se iban a pagar 290 millones por algo que valía 110", sentenció el fiscal. La factura "0001" y la fuga a días de entregar el poder Alberto Trombetta aportó durante la charla un dato demoledor que expone la impunidad con la que se manejaron los fondos públicos de San Luis. El vehículo no se le compró a una concesionaria oficial, sino a una empresa de turismo, y la factura emitida por la escalofriante suma de 290 millones de pesos llevaba la numeración 0001 [06:08]. Fue la primera operación de ese contribuyente con el Estado. Como si esto fuera poco, Berruezo remarcó el timing de la maniobra: "Esta compra se hizo el 1 o 2 de diciembre de 2023, a ocho días de dejar el gobierno". El saqueo de las arcas provinciales en la retirada dejó a la vista el nivel de devastación institucional que la actual gestión provincial ha tenido que empezar a sanear. Denuncia penal en puerta y el fin de la impunidad Lejos de "salvar" a Cintia Ramírez, Berruezo aclaró que el exgobernador lo único que logró fue sumar coautores al delito, arrastrando con él a sus exministros de Economía y Gobierno, y al ex secretario general. "Estoy esperando tener el video de la audiencia de ayer. Con ese video, el informe pericial y la factura que se pagó, no hay mucho que discutir. Vamos a proceder a denunciarlo penalmente ante la unidad de abordaje fiscal", confirmó el Fiscal de Estado. El contraste con el San Luis que avanza Mientras la vieja política se hunde en los tribunales intentando justificar sobreprecios millonarios, el contraste con el presente es total. Hoy San Luis transita una etapa de madurez institucional, donde la articulación entre el gobierno provincial de Claudio Poggi y el municipio de Villa Mercedes, liderado por Maximiliano Frontera, marca la agenda del "hacer". En tiempos donde el ajuste nacional de Javier Milei castiga sin piedad el bolsillo de los trabajadores, la provincia responde con orden, transparencia y coordinación para cuidar a su gente. La época de los caprichos, los decretos vacíos de moral y las facturas "0001" ha llegado a su fin. Y la Justicia, finalmente, parece estar tomando nota.