San Luis
¿Justicia a medida? Las sombras detrás del ascenso de la fiscal Quiroga Nassivera y el misterioso cierre del caso "Tuki TV"
Mientras la sociedad reclama transparencia, los hilos del poder en San Luis parecen anudarse nuevamente en los pasillos de Tribunales. La negativa de la fiscal Alejandra Quiroga Nassivera a investigar el presunto desvío de infraestructura digital del Estado hacia el canal de streaming Tuki TV levanta sospechas sobre un pacto de impunidad que involucra favores políticos, "madrinas" judiciales y el uso privado de lo público.
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Alejandra Quiroga y Tuki TV
La justicia de San Luis vuelve a quedar bajo la lupa de la sospecha, y esta vez el epicentro del escándalo tiene nombre y apellido: Alejandra Quiroga Nassivera. La fiscal, cuyo ascenso en la estructura judicial ha sido cuestionado por su celeridad y sus terminales políticas, se encuentra hoy en el ojo de la tormenta tras su decisión de frenar la investigación sobre el "Caso Tuki TV".
¿Qué se oculta detrás de un canal de streaming que, según todas las evidencias, opera sobre las cenizas —y los activos— de lo que alguna vez fue la Secretaría de las Juventudes del gobierno provincial?
El ascenso: ¿Meritocracia o "madrinazgo"?
Para entender la inacción actual, es necesario mirar hacia atrás. El desembarco de Quiroga Nassivera en el Poder Judicial no fue un proceso ordinario. Fuentes calificadas aseguran que su llegada estuvo aceitada por el respaldo directo del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, en una maniobra de pinzas para consolidar figuras leales en puestos clave antes de su salida del poder.
En los pasillos de Tribunales, el nombre de Carolina Monte Risso resuena con fuerza. Señalada como la "madrina" política de la fiscal, Monte Risso habría sido la pieza necesaria para garantizar que Quiroga Nassivera no solo llegara, sino que se mantuviera firme, incluso cuando rumores de escándalos personales —que hoy resurgen con fuerza— amenazaron con empañar su carrera.
Tuki TV: El botín digital del Estado
El caso Tuki TV no es una simple disputa de medios; es, presuntamente, un caso de apropiación de recursos públicos. La denuncia sostiene que las cuentas oficiales de redes sociales, bases de datos y comunidades digitales construidas con presupuesto estatal durante la gestión anterior fueron "traspasadas" de manera irregular a este canal de streaming privado.
Lo más cínico del asunto es que el propio Rodríguez Saá, en un arrebato de sinceridad durante la última campaña, admitió que esos activos estaban siendo utilizados con fines partidarios. Sin embargo, ante la evidencia y la confesión pública, la respuesta de la fiscal Quiroga Nassivera ha sido el silencio y el archivo.
¿Conflicto de intereses o devolución de favores?
La sensación de escándalo político es total. ¿Cómo puede una fiscal investigar con objetividad la malversación de activos vinculados a una gestión que fue su principal impulsora? La inacción judicial en el "Caso Tuki TV" se lee en la calle como una devolución de favores: el blindaje jurídico a cambio de la estabilidad en el cargo.
Desde el entorno de la fiscalía intentan disfrazar la decisión bajo argumentos de "falta de elementos penales". No obstante, para los analistas y para el ciudadano común, el mensaje es otro: en San Luis, los activos del Estado pueden cambiar de manos, volverse herramientas de propaganda privada y, si el fiscal de turno es el adecuado, nadie hará preguntas.
El escándalo recién comienza. La presión sobre el Consejo de la Magistratura y los pedidos de revisión ante instancias superiores podrían reabrir una causa que amenaza con exponer la trama más oscura de la herencia digital y política de la provincia.
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