Raúl Gil con Trombetta: "El ataque a las universidades es ideológico"
El rector de la UNSL, Dr. Raúl Gil, dialogó de manera extensa con Alberto Trombetta sobre la asfixia presupuestaria de la Casa Rosada y el impacto del paro no docente.
El rector a cargo de la Universidad Nacional de San Luis, Dr. Raúl Gil, en una entrevista virtual con Alberto Trombetta para Hablemos de Política.
En una entrevista de alta densidad política para el ciclo Hablemos de Política, conducido por Alberto Trombetta, el rector a cargo del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Dr. Raúl Gil, desmenuzó la crítica situación que atraviesa el sistema de educación superior. Gil denunció una campaña de desprestigio sistemática por parte del Poder Ejecutivo Nacional y alertó que el ahogo financiero no responde a la falta de recursos, sino a una matriz dogmática que busca privatizar funciones esenciales del Estado.
La parálisis administrativa ante el paro no docente
Al comenzar el intercambio, Gil se refirió al impacto que la medida de fuerza del personal técnico, administrativo y de servicios provoca en la dinámica diaria de las dependencias universitarias, marcando una sensible diferencia respecto a los paros del claustro de profesores.
"El paro no docente es una de las medidas de fuerza que tal vez más impacto tiene en la administración de la universidad. Cuando ocurre, la universidad parece cerrada; vas a un aula y tal vez hay clases, pero no hay personal de vigilancia, no hay limpieza, no hay administración. Esto aniquila cualquier posibilidad de funcionamiento normal".
El rector remarcó que, si bien le tocó asumir la gestión en un momento macroeconómico adverso que también golpea a intendentes y gobernadores provinciales, el conflicto en el sector universitario se ve fuertemente agravado por el incumplimiento de las leyes vigentes. "Estamos en una situación de ataque permanente por parte del Presidente. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso, recontradiscutida y consensuada, y así todo no es cumplida por quien debe cumplirla, incluso con fallos de la Justicia favorables a su aplicación", fustigó.
La falacia del déficit y los argumentos oficiales
El especialista desmontó los justificativos fiscales que la administración de Javier Milei utiliza en su discurso público para obturar las partidas presupuestarias universitarias y los salarios de la administración pública nacional. De acuerdo con su visión, los costos políticos que asume la Casa Rosada para frenar los reclamos superan el gasto de la propia ley.
"El Gobierno ha invertido más en acuerdos con las provincias para que la ley no salga, que lo que la ley implica en sí misma. No es una ley que perjudique el equilibrio fiscal; hay una mirada política e ideológica de no girar recursos a las universidades. Hay que decirlo con todas las letras".
Gil lamentó la proliferación de mensajes distorsivos emitidos desde el Ejecutivo Nacional con el objetivo de generar desconfianza en la sociedad civil respecto al funcionamiento de los sindicatos, las auditorías y la militancia estudiantil. "Excusándose en argumentos que son todos falaces, no dicen lo que realmente deben decir: que no quieren la universidad pública. No lo dicen porque no hay ningún fundamento que vaya en contra de una institución tan relevante para el país", sentenció con dureza.
Un modelo de Estado que excluye a la educación pública
Trombetta y Gil coincidieron en el rol histórico y estratégico que la UNSL posee para el desarrollo de San Luis, destacando la excelencia de sus egresados en áreas científicas críticas como farmacia, química y física, así como su inserción en el plano internacional y su rol de contención social durante la pandemia. El rector enfatizó el impacto del desarraigo y la movilidad social ascendente: "Muchas familias de San Luis y de provincias vecinas ven que, por primera vez, un integrante accede a la universidad; un título les cambia la historia familiar para siempre".
Finalmente, Gil vinculó el conflicto universitario con el accionar oficial en otras áreas sensibles como el sistema de salud o las prestaciones por discapacidad, donde el Estado Nacional prefiere pagar penalidades antes que acatar sentencias firmes.
"La mirada del Presidente es que el Estado solo debe ocuparse de seguridad y justicia; el resto de las cuestiones que se las generen los ciudadanos como privados. Prefieren pagar la multa por no cumplimiento antes que acatar los fallos, lo que demuestra que el problema no es económico, el problema es estrictamente ideológico".