Molino Fénix: Fiscal Olguín confirma asociación ilícita
El fiscal José Olguín brindó detalles sobre la causa que investiga a la ex gestión de Anabella Lucero. Reveló la destrucción de pruebas y un desfalco millonario.
El fiscal José Olguín revelando detalles de la investigación judicial del Molino Fénix.
El cerco judicial se cierra sobre la ex gestión
La investigación penal por los graves hechos de corrupción administrativa y vaciamiento en la Casa de la Música avanza hacia una nueva etapa decisiva. Las recientes declaraciones del fiscal a cargo de la causa revelan un entramado de irregularidades que van desde el peculado hasta la asociación ilícita, apuntando directamente a la cúpula que manejó la institución.
El próximo 20 de este mes se llevará a cabo una ampliación en la formulación de cargos. Hasta el momento, la Justicia cuenta con nueve hechos confirmados y aprobados por el Tribunal de Impugnación: seis caratulados como peculado y el resto como administración fraudulenta. Los principales imputados en esta red son Anabella Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Ezequiel Carel y Enzo Torres.
Destrucción de pruebas y asociación ilícita
Uno de los datos más escalofriantes arrojados por la fiscalía es el intento sistemático de borrar los rastros del desfalco. Los involucrados procedieron a la destrucción total de la documentación oficial, incluyendo los legajos de los propios empleados.
La fiscalía logró probar esta maniobra delictiva gracias a la recuperación de conversaciones extraídas de los teléfonos móviles de los acusados. Ante esta situación, la Justicia debió reconstruir toda la administración del período investigado. Esta reconstrucción derivó en la inminente imputación de nuevos cargos, sumando la destrucción de pruebas y asociación ilícita, dado que se ha comprobado una clara división de funciones y un accionar conjunto entre las cinco personas imputadas.
Facturación apócrifa: Un desfalco de proporciones históricas
El trabajo contable destapó un esquema alarmante. La Justicia tiene acreditado que la gestión operaba a través de empresas fantasma. Organismos de recaudación ya tienen detectadas al menos diez de estas empresas, cuyas facturas emitidas son consideradas totalmente apócrifas y por servicios que jamás se prestaron.
El monto calculado preliminarmente por este drenaje de fondos asciende a 400 millones de pesos a valores de los años 2022 y 2023, lo que en la actualidad representaría más del triple de ese dinero público desaparecido.
La imputación de los cargos es muy grave; quizás sea la causa de corrupción más grave que se haya llevado a la justicia en la historia reciente de la provincia.
Demoras judiciales y la sombra del poder político
Pese a la contundencia de las pruebas, que incluyen registros en video de camionetas retirando muebles y equipamiento del edificio, el avance de la causa sufrió un estancamiento. El pedido para avanzar con el proceso se había presentado en octubre del año pasado, pero un planteo de competencia trabó el expediente durante siete meses.
La resolución, que destrabó el caso hace apenas una semana, estuvo en manos del Superior Tribunal de Justicia. En el análisis periodístico del caso, estas demoras responden a que la máxima autoridad judicial provincial, vinculada políticamente a la conducción del ex gobernador de quien dependían los principales imputados, operó para dilatar los tiempos y frenar el avance de la verdad.
El escándalo de la Feria Industrial: Retornos y sobreprecios
Las maniobras irregulares no se limitaron únicamente a las operaciones internas del complejo cultural, sino que se extendieron a la organización de eventos masivos como la Feria Industrial. Un ejemplo contundente de esta matriz fue la logística de compras: en lugar de adquirir cientos de miles de bebidas a un distribuidor oficial, se registraron compras millonarias a un pequeño quiosco ubicado a la vuelta de la institución, maniobra evidente diseñada para la generación de retornos económicos ilícitos.
Con la causa finalmente destrabada, se espera que antes de fin de año se presente la acusación formal para elevar a juicio a todos los responsables de este vaciamiento institucional.