Fallo a medida y complicidad en la Justicia de San Luis
Alberto Trombetta desmenuzó la escandalosa prescripción en la causa de los exfuncionarios, Miguel Berardo y Cintia Ramírez, y apuntó contra el Superior Tribunal.

Fallo judicial a favor de exfuncionarios en San Luis
En un profundo y contundente análisis político, Alberto expuso las graves irregularidades que rodean a la causa por presuntos delitos de corrupción que involucra a exfuncionarios provinciales. Durante su intervención, apuntó directamente contra las demoras del Poder Judicial de San Luis, asegurando que existe un claro beneficio procesal para los imputados.
Responsabilidad política sin fecha de vencimiento
Alberto fue tajante al referirse a la resolución que favorece a los acusados, dejando en claro que el paso del tiempo no borra la gravedad de los actos cometidos.
La prescripción no te exime de culpa, y más cuando es una prescripción amañada porque el fiscal, socio indirecto de los que perpetraron el delito, permitió que esto pasara.
El análisis también abordó la dudosa ingeniería financiera de la obra pública que desató la investigación. "En lugar del 30 por ciento le dieron el 70 por ciento de adelanto de obra y a los dos o tres días le pagaron el total. Algo nunca visto", sentenció Alberto. En esta misma línea, aseguró que nadie puede discutir la responsabilidad que tuvieron en estos hechos Micky Berardo, Cintia Ramírez, ni Alberto Rodríguez Saá padre e hijo.
Jury de enjuiciamiento y la mira sobre el máximo tribunal
Ante la inacción del sistema, Alberto propuso medidas drásticas que deberían impulsarse desde los organismos de control del Estado para frenar la impunidad. Sostuvo que, de encontrarse en la Fiscalía de Estado, promovería un Jury contra el fiscal Ricardo Barbeito y el juez Flores Leyes. Asimismo, remarcó la necesidad de iniciar acciones por mala praxis contra los integrantes del Superior Tribunal de Justicia por consentir la dilatación del proceso.
El foco de las críticas más duras recayó sobre la conformación actual de la cúpula judicial. Alberto recordó que Carolina Monte Riso, a cargo de la sala penal del Superior Tribunal, es la madre de los hijos de Micky Berardo, subrayando que por una ineludible cuestión ética debió dar un paso al costado. A su vez, repasó el estrecho vínculo político de otros magistrados, como Eduardo Allende y Cecilia Chada, recordando que ambos ocuparon ministerios durante las gestiones de Rodríguez Saá. Para Alberto, esta composición refleja un interés manifiesto en frenar los expedientes que complican a los exfuncionarios.
El peso del sistema acusatorio
Finalmente, se puso bajo la lupa el andamiaje del sistema acusatorio de la provincia, donde la parálisis deliberada de los fiscales resulta ser un factor decisivo para que los plazos legales se extingan, cristalizando la prescripción. Ante la gravedad del panorama institucional planteado, Sebastián acompañó el diagnóstico e instó a mantenerse expectantes ante el devenir de estos expedientes, con la premisa de seguir exponiendo los hechos hasta que el escenario comience a cambiar.
