Corrupción en el Molino Fénix: Olguín destapó el saqueo de Lucero

En una primera y explosiva emisión de Zona Trombetta, el programa conducido por Alberto Trombetta y Sebastián Isaac a través de la señal de Justa TV y FM Radio Independencia, el fiscal de la causa Molino Fénix, José Olguín, brindó detalles exclusivos y escalofriantes sobre lo que parece ser uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de San Luis. La entrevista dejó al descubierto una trama de saqueo sistemático, empresas fantasmas, y desvío de fondos públicos para el enriquecimiento ilícito y el financiamiento de campañas políticas.

La matriz del saqueo y los cargos formales

El fiscal Olguín confirmó que la investigación ha avanzado considerablemente y que ya existe una formulación formal de cargos por nueve hechos delictivos probados. Las acusaciones que recaen sobre la ex directora del complejo, Anabela Lucero, junto a su hermano y su padre, incluyen defraudación al Estado, asociación ilícita y destrucción de pruebas. A raíz de la gravedad de estos delitos continuados en un periodo de tres años, la Justicia ha dictado medidas de prisión preventiva para el entorno familiar y se avanza en el pedido de desafuero del diputado Beltrán.

Autos de lujo y empresas fantasmas

Uno de los puntos más picantes de la charla se centró en el descarado enriquecimiento patrimonial de los implicados. Olguín explicó con asombrosa precisión cómo se utilizaban los recursos económicos del Molino Fénix para la compra de bienes personales y la refacción de viviendas. En el año 2022, Anabela Lucero, cuyo sueldo anual declarado rondaba los 5,7 millones de pesos, adquirió tres vehículos por un valor superior a los 12 millones de pesos. Gran parte de estos pagos salían de transferencias directas o dinero triangulado desde las arcas del Estado.

Para lograr extraer el dinero, la organización diseñó un esquema basado en empresas fantasmas. El fiscal mencionó firmas apócrifas como Metal Florer Plus, Portugal SA y Pringles Gas SA, además de múltiples sociedades unipersonales. En muchos casos, los supuestos titulares de estas empresas vivían en condiciones precarias y ni siquiera sabían que estaban facturándole millones al Molino Fénix. El Estado emitía cheques que luego eran endosados de manera irregular (se detectaron más de un centenar de documentos en esta condición) y cobrados en efectivo por terceros, como estaciones de servicio y empresarios locales.

El Molino como hotel privado y el vaciamiento total

La impunidad llegó a tal nivel que las instalaciones del complejo se convirtieron en la residencia privada de la familia Lucero y sus allegados durante la pandemia. Según relató el fiscal en la entrevista, utilizaron las habitaciones del Molino Fénix como si fuera un hotel propio, donde los mismos empleados públicos del recinto debían cocinarles, limpiarles y lavarles la ropa diariamente.

Antes de abandonar el poder, la asociación ilícita procedió a un vaciamiento casi absoluto del patrimonio cultural y administrativo del lugar. Olguín fue tajante al describir la escena con la que se encontraron los investigadores. Se llevaron las computadoras, impresoras y discos rígidos con información vital, además de quemar documentación contable. El teatro, que estaba equipado con tecnología de punta, fue desmantelado por completo.

"En el teatro lo único que quedó fue un aparato de humo quemado. Se llevaron absolutamente todo y destruyeron la prueba", sentenció el fiscal durante la transmisión de Zona Trombetta.

Fondos públicos para la campaña política

La investigación también comprobó que el dinero de los contribuyentes puntanos terminó financiando el clientelismo y la campaña electoral. El modus operandi incluía la compra masiva de mercadería, remeras y folletería con dinero del Estado, que luego se repartía en actos proselitistas. Olguín destacó que se pagaban supuestos honorarios especiales y ayudas económicas a militantes, además de contratar decenas de viajes en colectivos privados para movilizar manifestantes a la Cámara de Diputados y a sedes partidarias.

El escándalo llegó a su punto culmine en eventos multitudinarios como la Feria Industrial, donde los mismos empleados del Molino eran obligados a trabajar en puestos de comida cuyos insumos eran comprados con dinero público, pero cuyas ganancias iban directamente a los bolsillos de la estructura política liderada por la ex directora.

La entrevista finalizó de manera abrupta por un desperfecto técnico justo en el momento más álgido, cuando Alberto Trombetta le consultó al fiscal si existían indicios para investigar a las máximas autoridades políticas provinciales que operaban por encima de Anabela Lucero. Un corte de comunicación que dejó resonando la pregunta más incómoda de todas, y que marca a las claras la impronta de periodismo puro de Zona Trombetta.